Son cerca de 16 mil millones de pesos que la gobernación del Cauca invirtió en una pirámide de estrato seis llamada Probolsa y, una vez liquidada la turbia empresa, esa platica se perdió. Ese dinero, que no es poco, pertenecía al presupuesto de la salud y la educación de los caucanos.
El gobernador Guillermo Alberto González acude a la estrategia Samper, de quien fue honroso ministro, para decir que todo fue a sus espaldas y culpa a la tesorera del Departamento. Ayer la Procuraduría lo destituyó e inhabilitó por diez años para ejercer cargos públicos.
Aplaudo la decisión de la Procuraduría, que no ha demostrado igual coherencia para castigar a otros gobernantes por actos similares o por participación en política, pero la destitución no sólo debe ser el castigo. El dinero debe ser regresado al Departamento.
Somos los ciudadanos los que sufrimos las fechorías de los corruptos y el castigo nunca repara los daños causados por sus malintencionadas decisiones. Que obliguen a la actual administración a regresar el dinero que injustamente nos arrebataron a los caucanos. La inhabilidad es un castigo menor.
Pero que quede también en la conciencia de los caucanos para que no elijamos a lo misma relea que no ha hecho más que desangrar a nuestro territorio, esa élite clasista que mira por encima del hombro y que se crece por el culto que le rinde un pueblo ignorante, pero de mucha fe.
